Llamados a la acción para Colombia en 2024
La realidad de los colombianos que viven en medios de los conflictos armados y la violencia sigue siendo compleja. Estos son nuestros llamados a la acción para el año 2024 frente los asuntos que más nos preocupan en Colombia.
A los actores armados estatales y no estatales
- Les llamamos a respetar el DIH, existan o no ceses al fuego o diálogos de paz. Cumplir estas normas reduce el sufrimiento generado por los conflictos armados. Los actores armados tienen la obligación de respetar la vida y la dignidad de las personas civiles y de quienes han dejado de participar en las hostilidades.
- Enfatizamos en el deber que tienen de respetar y proteger la vida de las personas heridas, así como al personal de salud. Las personas heridas o enfermas sean civiles o no, están protegidas y tienen derecho a ser recogidas y atendidas; así mismo, cada parte de un conflicto armado debe respetar y proteger el transporte para la evacuación de los heridos y los enfermos, la infraestructura sanitaria, el transporte de personal y material médico, y la entrega de insumos médicos necesarios.
- Reiteramos a los actores armados estatales y no estatales la necesidad de proteger a la población civil de las consecuencias devastadoras que tienen la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos. Así mismo, que consideren los efectos de la presencia de estos artefactos en comunidades enteras, particularmente en aquellos lugares que son vitales para los menores de edad, como escuelas y espacios de recreación.
- Recordamos que están en la obligación de evitar la desaparición de personas y realizar esfuerzos para prevenirla. Así mismo, deben contribuir al esclarecimiento y búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de los conflictos armados, así como respetar la dignidad humana de las personas fallecidas.
- Instamos a que respeten la protección especial que el DIH confiere a niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de menores de edad es una violación al DIH y tiene consecuencias profundas en su vida, su entorno familiar y la sociedad.
- La acción humanitaria, que es fundamental para las comunidades afectadas, debe ser respetada en todo momento, por lo que se debe permitir y facilitar el acceso rápido y sin obstáculos de las organizaciones humanitarias imparciales y su personal.
A las mesas de negociación en curso entre el Estado y grupos armados
- Exhortamos a que incluyan las preocupaciones humanitarias como un punto fundamental en las agendas de negociación y diálogo. Instamos a que adopten acuerdos especiales sobre el fortalecimiento del DIH y temáticas específicas cuyo fin sea la protección de la población civil y de otras personas afectadas por los conflictos armados. Estos acuerdos pueden ser sobre la desaparición y la búsqueda; el reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de menores de edad; artefactos explosivos; zonas protegidas; personas privadas de libertad; acceso humanitario; respeto a los servicios de salud, entre otros temas.
A la institucionalidad del Estado
- Le recordamos la necesidad de tomar todas las medidas para prevenir las violaciones del DIH, así como responder a las necesidades humanitarias generadas por los conflictos armados de la manera más integral, rápida y completa posible. Instamos a que continúen con la inversión en planes y programas en favor de las personas afectadas por los conflictos armados.
- Llamamos a garantizar los derechos de las víctimas de los conflictos armados mediante el fortalecimiento de las rutas de prevención y atención disponibles.
Sobre temáticas específicas:
Frente a la asistencia de salud:
- Exhortamos a las partes de los conflictos armados a que respeten y protejan en todo momento a quienes brindan asistencia de salud. Su labor es aliviar el sufrimiento causado por los conflictos armados y la violencia. Recordamos la importancia de permitir su trabajo sin ninguna limitación arbitraria. El acceso a la salud debe ser garantizado en todo momento y lugar.
Frente a la desaparición:
- Llamamos al Estado a que implemente el Sistema Nacional de Búsqueda y fortalezca a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y al sistema medicolegal. Así mismo, insistimos en la necesidad de que se garantice a los familiares de las víctimas de desaparición acceso y atención oportuna a servicios de salud física y mental, así como a la justicia y a oportunidades para su subsistencia económica.
- Convocamos a las partes que participan en las actuales negociaciones de paz para que propongan medidas que permitan recolectar información sobre las personas dadas por desaparecidas y la ubicación de restos de personas fallecidas.
Frente a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios:
- Recomendamos que se tomen todas las medidas necesarias para desarrollar programas de atención integral para las personas privadas de libertad, con especial énfasis en quienes sufren de trastorno mental, que contemplen un abordaje terapéutico psicosocial y médico, y con un componente de rehabilitación multidisciplinario.
- Confiamos en una pronta ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, lo que permitirá un adecuado monitoreo de las condiciones de detención.
- Es esencial que el sistema de justicia penal apoye la implementación de la Ley 2292 de 2023 y reconozca la importancia del nuevo mecanismo alternativo a la prisión. Respaldamos esta decisión que favorece a mujeres cabeza de familia.
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