Editorial Guatemala "Reconocer y garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares: una deuda histórica que no debe postergarse"

Esta editorial forma parte del Balance Humanitario 2024

Cuando una persona desaparece, la vida de su familia y de su comunidad cambia por completo y nada nunca vuelve a ser igual. La desaparición viene acompañada de una profunda angustia para las familias que con desesperación buscan noticias sobre sus seres queridos. Los sueños se interrumpen y su vida se fragmenta entre la búsqueda y la necesidad de seguir adelante.

En Guatemala, un número desconocido de personas –pero que se cuentan por miles– enfrenta la dolorosa realidad de no tener noticias sobre sus seres queridos, algunas por décadas. Sin importar el tiempo transcurrido, las familias albergan la esperanza de volver a verlos. Brindarles respuestas es un imperativo humanitario y una deuda que no debe postergarse, por el bien de esas familias y de la sociedad en general.

Desde finales de la década de los ochenta, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzó su labor humanitaria en Guatemala, hemos sido testigos del dolor indescifrable que viven las personas que buscan a un ser querido desaparecido. Hemos conocido la realidad de quienes perdieron a sus familiares en el marco del conflicto armado interno que duró más de tres décadas (1960-1996), de quienes dejaron de tener noticias de un ser querido que migró, y de quienes reportaron la desaparición de un familiar como resultado de la violencia armada u otras circunstancias.

Desde 2010, Guillermina busca a su nuera, quien desapareció en su camino hacia México. Su incertidumbre se suma a la de los pequeños que quedaron a su cargo.

Ella me dejó dos hijos, una niña de tres años y un niño de cinco, y ellos son los que me impulsan a mí a andar en esta lucha. Dicen ellos que quieren saber dónde está su mamá (...) La verdad es que pasan años y años y (algunas personas) piensan que el dolor es reparado, pero no, el dolor no se repara, el dolor siempre sigue ahí

Aunque fragmentada, la información oficial existente nos muestra una realidad innegable: la  desaparición es un tema del pasado y del presente. Se estima que alrededor de 40.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno, y la Policía Nacional Civil informó que entre 2009 y 2022 registró 38.000 reportes de desaparición, de los cuales se desconoce cuántas personas han sido localizadas. Según datos del Ministerio Público, en 2023, un promedio de cinco alertas Isabel-Claudina fueron activadas al día para la búsqueda de mujeres, mientras que fueron 17 alertas Alba-Keneth para casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Estos datos dan una idea de los valiosos esfuerzos emprendidos por el Estado guatemalteco para responder ante los casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, tales como la creación de alertas especializadas para la búsqueda de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Sin embargo, la fragmentación de la información en manos de diferentes instituciones –como el Ministerio Público, ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, entre otros– representa un reto importante para conocer la magnitud del fenómeno, entender sus dinámicas y dar una respuesta efectiva a las familias, quienes a pesar de enfrentar la desaparición en diferentes circunstancias, comparten una misma necesidad primaria: saber qué pasó con sus seres queridos y encontrarlos.

Un registro nacional que consolide datos de personas desaparecidas (tanto de casos recientes como de larga data) y fallecidas –incluidos los de personas fallecidas no identificadas– es esencial para abordar la problemática de la desaparición de personas.

En Guatemala, como en otros contextos alrededor del mundo, la experiencia que hemos tenido acompañando a familiares de personas desaparecidas nos ha permitido reafirmar la importancia de contar con un marco jurídico especializado, apegado a estándares internacionales y construido con las familias, que reconozca y proteja los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, y que sirva de base para la edificación de un andamiaje institucional que posibilite a los Estados cumplir con sus obligaciones de esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas y con ello atender la necesidad de saber de los familiares de personas desaparecidas, pero sin olvidar las necesidades económicas, de salud física y mental, y de atención psicosocial.

Entre las partes de ese andamiaje, se encontrarían un mecanismo de búsqueda centralizado que facilite la coordinación interinstitucional para la búsqueda, localización, identificación y restitución de personas desaparecidas y/o fallecidas, que marque una ruta clara para las personas que buscan a un ser querido, así como un mecanismo para el seguimiento de los casos, incluyendo las desapariciones durante el conflicto armado interno.

Sin un marco normativo integral para reconocer, prevenir, abordar la desaparición y reparar el daño a las víctimas, la incertidumbre se vuelve un abismo y las familias están a la deriva.

Con la misión exclusivamente humanitaria de aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por la violencia, el CICR ha trabajado en Guatemala para brindar una respuesta multidisciplinaria que ayude a los familiares de personas desaparecidas a afrontar la pérdida ambigua y a generar herramientas para su búsqueda. En estos años, también hemos colaborado con organizaciones de la sociedad civil en diversas partes del país, con el ánimo de acompañar sus iniciativas para dar respuesta a quienes hoy siguen esperando noticias de un ser amado; y trabajamos para visibilizar las consecuencias humanitarias de la desaparición. Hoy refrendamos nuestro compromiso de acompañar a las familias, organizaciones y autoridades, pues estamos convencidos de que sumando esfuerzos y con acción a largo plazo pueden obtenerse resultados.

La desaparición es una tragedia que a menudo se relega al olvido. Pero las familias no olvidan, no dejan de soñar y no paran de buscar, incluso si han pasado años. Cada una de ellas sigue caminando las calles buscando respuestas, preguntando si alguien ha visto a su familiar, tocando puertas con la esperanza de encontrar al otro lado el rostro anhelado, esperando noticias. Son ellas quienes nos recuerdan la deuda que hoy persiste y que puede comenzar a saldarse con medidas concretas, como el reconocimiento público de la desaparición y una ley para su prevención y atención.