Inseguridad alimentaria en tiempo de conflicto armado: lo que debe saber

Abby Zeith, asesora jurídica del CICR, explica lo que el derecho internacional humanitario.

¿De qué forma los conflictos armados interrumpen el acceso de la población civil a los alimentos y al agua?

Si bien la inseguridad alimentaria puede deberse a muchos factores interrelacionados, el principal factor son los conflictos armados. En efecto, el informe mundial sobre crisis alimentarias de 2023 sostiene que los conflictos armados han sumido a más de 117 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria aguda; los dos factores que le siguen son las crisis económicas (84 millones) y los fenómenos climáticos extremos (más de 56 millones)..

Dejando de lado el aspecto jurídico, sabemos que, desde que existen las guerras, el envenenamiento de pozos, el incendio de cultivos u otras formas de privar a la población civil de sus medios de vida han sido prácticas comunes. Además de estas tácticas, los conflictos causan inseguridad alimentaria de forma más indirecta: por ejemplo, al volver inseguras las rutas para el comercio y los viajes, al forzar a las personas y al ganado a desplazarse, o al causar daños a la infraestructura crítica. Todo esto provoca enorme sufrimiento: desde malnutrición aguda en grupos de riesgo hasta hambruna en poblaciones enteras

El sufrimiento resulta exacerbado cuando las partes beligerantes recurren al pillaje, los sitios o los bloqueos, o demoran y obstaculizan la asistencia humanitaria. Además, la presencia de restos explosivos de guerra inhabilita las tierras para los cultivos, lo que causa estragos en la agricultura y el comercio incluso mucho tiempo después de que han finalizado las hostilidades.

¿El DIH ofrece herramientas para evitar la inseguridad alimentaria y la hambruna?

Sí. En primer lugar, está absolutamente prohibido hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Además, el derecho internacional humanitario contiene una lista no exhaustiva de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil que gozan de una protección mayor: alimentos, zonas agrícolas, cultivos, ganado, instalaciones para el agua potable, insumos y obras de riego. Está prohibido atacar, destruir, quitar o dejar inutilizables de alguna otra manera estos bienes, salvo en circunstancias muy excepcionales.

Para empezar, las normas generales sobre distinción, proporcionalidad y precauciones confieren protección a los bienes de carácter civil. Estos no deben ser objeto de ataques y el uso de métodos o medios de guerra de efectos indiscriminados también está prohibido. Para la aplicación de estas normas, son pertinentes también los efectos directos e indirectos que los ataques podrían tener en la población civil. Es decir que la tierra, los infraestructura y otros bienes indispensables para la producción, la distribución y el abastecimiento de alimentos y agua, como los mercados o las plantas generadoras de energía, se benefician de esa protección aun cuando los tratados de DIH no se refieren expresamente a ellos como "bienes indispensables para la supervivencia de la población civil".

Además, el DIH prohíbe o restringe el uso de ciertas armas que pueden tener efectos negativos extensos y duraderos en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, prohíbe el uso de armas venenosas, biológicas y químicas, restringe el uso de herbicidas como armas y prohíbe y restringe el uso de minas antipersonal, municiones en racimo y armas nucleares.

Asimismo, el empleo de armas y tácticas diseñadas para causar, o de las que quepa prever que causen, daños extensos, graves y duraderos al medio ambiente natural está estrictamente prohibido.

Por último, aunque no menos importante, todo un conjunto de normas prohíbe los ataques contra represas, diques y plantas nucleares si esos ataques pueden dar lugar a la liberación de fuerzas peligrosas que podrían causar pérdidas graves en la población civil. Obviamente, la liberación de fuerzas peligrosas puede causar contaminación de la tierra y el agua, destruir el ganado y afectar la atmósfera y el clima, y así incrementar el riesgo de inseguridad alimentaria y hambruna. Estas normas son críticas para la protección de las personas civiles.

Si bien el respeto de estas normas ayudará a mitigar los efectos de la guerra en la inseguridad alimentaria, es importante recordar que incluso cuando las hostilidades se conducen en cumplimiento del DIH, el conflicto tendrá muchos efectos indirectos en la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios. Es necesario seguir de cerca esos efectos para que las personas afectadas tengan acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes.

Por otro lado, hay normas sobre la ayuda humanitaria cuya finalidad es contribuir a evitar la inseguridad alimentaria y la hambruna.

¿Quién tiene la responsabilidad de proveer a la población civil de alimentos y agua?

Cada parte en un conflicto armado tiene la responsabilidad de garantizar que se atiendan las necesidades básicas de la población bajo su control, incluida la provisión de alimentos y agua. Para esto, se necesita entender cabalmente los sistemas alimentarios de un país o de una comunidad y cómo la inseguridad alimentaria y la malnutrición afectan a diferentes grupos de diferentes maneras.

Sin embargo, el DIH reconoce una necesidad de asistencia humanitaria en determinadas circunstancias. Establece que las organizaciones humanitarias imparciales pueden ofrecer sus servicios para realizar actividades humanitarias, en particular cuando una parte no puede o no quiere atender esas necesidades.

Una parte en conflicto no puede negarse arbitraria o ilícitamente a consentir en la realización de esas actividades. Una vez que han dado su consentimiento, las partes en conflicto, así como todos los demás Estados que corresponda, deben permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria, sujeto a su derecho a ejercer control.

Aquí podrá encontrar más información sobre la respuesta del CICR a la inseguridad alimentaria en los lugares donde está presente.