Editorial. Más que palabras: la urgencia de avanzar en la implementación de la ley de atención a las personas desplazadas internamente
Por David Quesne, jefe de Misión del CICR en El Salvador
Marvin se negó a integrarse en una pandilla. Fue torturado, mutilado y forzado a abandonar su casa, a dejar su vida como la conocía y a emprender, junto con su familia, la búsqueda de un lugar seguro para vivir dignamente y sin miedo dentro de su propio país.
El desplazamiento interno resultante de la violencia es una realidad que trastoca la vida de quienes lo sufren, afecta familias y dinámicas comunitarias, y genera graves consecuencias humanitarias, sociales y económicas para la población en general.
Desplazarse de manera forzada llega a ser el único y último recurso de muchas personas para huir de un peligro inminente y salvar su vida e integridad. Así fue el caso de Marvin, a quien la misión del CICR en El Salvador apoyó para que pudiera proteger su vida, reestablecer su seguridad, estudiar y emprender un negocio para generar ingresos para él y su familia.
En enero de 2020 El Salvador se convirtió en el primer país de América Central en contar con un ordenamiento jurídico especial que ofrece garantías de protección a las personas desplazadas internamente y promueve un retorno seguro a su lugar de origen o una reubicación en un lugar seguro.
Este importante marco jurídico derivó de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2018 que reconoció el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia e inseguridad y ordenó a las instituciones del Estado implementar una serie de medidas para responder de forma adecuada a las personas desplazadas, en conformidad con los principios rectores de los desplazamientos internos.
La Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno es un importante instrumento para ofrecer mejores respuestas. Reconocemos los esfuerzos para su ejecución, como la iniciativa de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF) de convocar a entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil a formar parte de la respuesta del Estado. Sin embargo, es fundamental atender los muchos desafíos que aún presenta su implementación.
Entre estos, es indispensable impulsar la creación de un reglamento que permita operacionalizar este importante ordenamiento jurídico, incluyendo la articulación y definición de mecanismos de coordinación de las instituciones del Estado, organismos internacionales, sociedad civil, industria y sectores económicos claves en la generación de ingresos y educación para promover la integralidad y complementariedad en la respuesta.
También es esencial contar con un registro único de personas desplazadas, que garantice la protección de datos personales, para documentar y dimensionar el fenómeno con el de fin brindar una respuesta más eficiente a las víctimas.
Asimismo, es necesario asignar recursos humanos y financieros a las instituciones que atienden a esta población para garantizar una respuesta efectiva, proteger a las víctimas y prevenir futuros desplazamientos
El objetivo de la atención debe de ser la restitución de derechos, promoviendo los medios para garantizar la autosuficiencia, el acceso a servicios básicos y para ayudar a las personas desplazadas internamente a encontrar soluciones de vida dignas.
Los esfuerzos que organizaciones y autoridades han desplegado para apoyar a las víctimas son terreno fértil para avanzar en la implementación de una ley que podría significar una mejor respuesta a personas que viven con la esperanza de rehacer sus vidas y apoyar a sus familias en un ambiente de
mayor seguridad.
Decididamente, el CICR reitera su disposición para acompañar a las personas afectadas y ofrecer asesoría técnica a las autoridades en aras de conseguir una respuesta que promueva la protección de la integridad y dignidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno. Este esfuerzo, tal como lo exponemos en diversos apartados de este informe, lo realizamos en conjunto con la Cruz Roja Salvadoreña y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En este sentido, destacamos el trabajo realizado por la Cruz Roja Salvadoreña que, a través de su Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia (UAPV), ha elaborado protocolos para responder a las necesidades de las víctimas de la violencia y del desplazamiento interno. Estas herramientas generan buenas prácticas que pueden y deberían replicarse.
Las cicatrices que deja la violencia difícilmente desaparecerán a corto plazo, pero recibir un trato digno y restablecer el acceso a los derechos de los miles de Marvins que hay en El Salvador es un paso imprescindible hacia un mejor futuro para todos.
